Izquierda Unida-Extremadura considera que la política de gasto que contiene los Presupuestos Generales del Estado suponen un freno para el inicio de la recuperación económica de nuestra región.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado presentado por el gobierno ante las Cortes Generales, implica sobre todo un disminución de la inversión pública en Extremadura, y por tanto, un descenso de la actividad económica y el incremento del número de desempleados.

Los presupuestos para el próximo ejercicio tampoco presentan ninguna novedad significativa en materia fiscal, por lo que entendemos que el gobierno apuesta por centrar el peso de la carga fiscal en las clases populares, en lugar de incrementar las obligaciones fiscales de las clases más privilegiadas y de las empresas con altos beneficios en tiempos en los que las administraciones públicas ven notablemente mermados sus ingresos.

No debemos olvidar, que el acuerdo adoptado entre PSOE y PNV en el que los nacionalistas apoyarán estos presupuestos a cambio de la transferencia de las políticas activas de empleo puede suponer la ruptura del principio de caja única en la seguridad social, y la discriminación presupuestaria de las CC.AA más pobres en beneficio del País Vasco y de todas aquellas que se vieran beneficiadas por este tipo de medidas al disponer de un mayor nivel de ingresos en sus territorios.

Desde el inicio de la crisis la política económica y social del PSOE en Extremadura y en el conjunto de la nación se ha basado en la aminoración del gasto público y el recorte del gasto y de los derechos sociales y económicos, que con la presentación de estos presupuestos, consolida al PSOE como el representante político de la derecha económica y financiera.

Por todo ello, y tras conocer las propuestas del ejecutivo de Rodríguez Zapatero en materia de relaciones laborales, pensiones, gasto público y fiscalidad, entendemos que los esfuerzos del gobierno para superar la difícil situación económica y social de nuestro país tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las demandas que les exige los mercados internacionales, y en ningún caso, salvaguardar los niveles de bienestar de los ciudadanos.