Izquierda Unida-Extremadura considera que las medidas que constituyen el tercer ajuste de Zapatero sitúa al gobierno del PSOE al margen de la protección de los intereses generales de los ciudadanos, y le desacreditan para ejercer responsabilidades de gobierno.
 
La derogación de la ayuda a los parados sin ingresos supone un desprecio sin precedentes hacia el bienestar de los más débiles, a los que el gobierno de Zapatero ha abandonado a su suerte en plena crisis, aún cuando el número de desempleados no deja de crecer, llevando a efecto las recetas más recalcitrantes de la derecha política y económica..

El último paquete de medidas que va a poner en marcha el gobierno ejemplifica la desafección del PSOE hacia los principios del Estado del Bienestar y la responsabilidad social de las administraciones públicas, de tal modo que a partir de este momento tendrán que ser las familias las que asuman como propios algunos de los deberes que hasta la fecha recaían en manos de los poderes del Estado, como es la satisfacción de las necesidades más básicas de los desempleados.
 
Por otra parte, a privatización de los últimos restos del sector público daña gravemente la capacidad de nuestro país para alcanzar una salida soberana a la crisis al margen de la codicia de los mercados.
 
En nuestra opinión, la supeditación de la política económica a los intereses particulares de la banca privada y las empresas multinacionales encuentran su causa en los resultados del proceso de privatización que ha sufrido el sector público en nuestro país, que ha supuesto la entrega de los instrumentos económicos del Estado a manos de los intereses particulares que en estos momentos disponen de una situación de privilegio para someter a su voluntad la política del gobierno de la nación.
 
Entendemos que las medidas anunciadas por el gobierno no es más que el último acto del mayor ataque que han sufrido los derechos de los ciudadanos en la historia de nuestra democracia.
 
Desde IU-Extremadura sostenemos que las medidas anunciadas suponen un gravísimo deterioro para la calidad de nuestra democracia, y el menoscabo de la capacidad de los poderes públicos para conciliar el mantenimiento de los derechos de los ciudadanos y la superación de la crisis económica.
 
Por todo, ello dejamos constancia de nuestro más firme rechazo a las medidas anunciadas, hacia la figura del Presidente del Gobierno y a todo lo que políticamente representa.