La contemplación del derecho a la igualdad como derecho fundamental en nuestra constitución no ha conseguido una traducción fiel del mismo en la realidad del mercado laboral, por lo que se hace necesario la aprobación de un marco legal específico en esta materia que incorpore los elementos necesarios para hacer efectiva la realización de este derecho.
La equiparación de las rentas salariales de las mujeres en el seno del mercado laboral encuentra su sentido en la eliminación de las situaciones de discriminación salarial que sufren las mujeres en nuestra región, y que se muestran en el hecho de que las retribuciones percibidas por las mujeres son un 30% menores a las que reciben los hombres en el desempeño del mismo puestos de trabajo.
Además, el aumento de las retribuciones por parte de las trabajadoras supondría un incremento en las cotizaciones sociales de las mismas que, en última instancia elevaría la recaudación de los fondos destinados tanto a la seguridad social como al mantenimiento del sistema público de pensiones.
La puesta en práctica de estas iniciativas se convertiría en un elemento de multiplicación de la equidad social y en una medida efectiva para aumentar los recursos de los que dispondrían los poderes públicos para la financiación de las pensiones sin necesidad de aumentar el tiempo de cotización, ni retrasar la edad mínima legal para acceder a la jubilación.
Por todo ello, instamos al ejecutivo regional a que apoye este tipo de iniciativa como instrumento para la mejora de las condiciones salariales de la mujer y garantía de la mejora de las prestaciones de las que disfruta el sistema de pensiones, sin menoscabar los derechos de los ciudadanos de nuestra región.